Por :Mario Berríos
No se necesita mucho estudio del tema para entender, en forma práctica, el problema del sector justicia. A cualquier lado adonde uno va, el tema principal (y clamor) lo constituye la depuración del Ministerio Público, Corte Suprema y Policía. Tampoco se requiere gran análisis para identificar las debilidades de estas instituciones. Estamos —considero, sin lugar a dudas— en el momento oportuno para hacerlo. De momento se han iniciado pasos seguros en la Policía Nacional, ¿cuándo será con jueces y fiscales?
Referente al tema de la Policía Nacional y los miembros de la Carrera Policial, varios aspectos se han podido observar: al mando actual, compuesto por la quinta promoción, se le ve carácter, cohesión, entusiasmo y compromiso, eso implica que sería saludable darle respaldo y voto de confianza por parte de la ciudadanía. El Presidente ya les ha ofrecido su apoyo, faltaría un compás de espera de parte de los diversos sectores para que ellos demuestren, en el terreno de las acciones, su compromiso con la sociedad. La misma rectora de la Universidad, Julieta Castellanos, madre atormentada, víctima de las acciones de un grupo de criminales uniformados, ha pasado a una etapa de capitalización de cuota política con sobrado mérito, pues lidera una ola de acciones que, al inicio, pasaba por el deseo de desaparecer la institución, luego a la etapa de la necesidad de intervenirla, más allá hoy pugna —la mayor parte de criterios— por darle la responsabilidad a la oficialidad para que sean ellos mismos, apoyados por la sociedad civil, quienes depuren.
Esto implica una etapa más dolorosa que el parto de una madre, pues enfilar baterías contra compañeros de profesión no es tarea fácil, sin embargo devienen en la necesidad de hacerlo, so pena de que la institución desaparezca y, con ello, sus beneficios sociales, su futuro, su carrera.
Desde otro ángulo, repasando la Ley Orgánica de la Policía Nacional me he dado cuenta de sus bondades, que ahí están todas las herramientas legales y facultades expresas para proceder con suficiente asidero o argumento legal en diversos casos y, por efecto, a una depuración constante. Quizá ha faltado la organización de un departamento legal que, debidamente estructurado, conozca de las faltas leves, menos graves y graves, por tanto el entumecimiento jurídico ha sido su talón de Aquiles, la NO aplicabilidad de la ley existente y, sobre todo, el descuido al dejar vencer los términos legales, de por sí fatales, pues son garantistas del derecho a la defensa. Por ejemplo, desde el articulado 113 hasta el 134, se habla de las faltas graves, pérdida de derecho a ascenso (posterga) y despidos. Me da la espina que en la mayoría de casos irregulares no se han observado los procedimientos señalados por la ley: Captación del informe, redacción y trámite de un informe investigativo, el envío de la notificación al requerido o imputado, el señalamiento y celebración de la audiencia de descargo (con los testigos), luego el dictamen, la resolución y, finalmente, la notificación de la sanción. A partir de ahí el imputado tiene expedita la vía para interponer recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Se habrán seguido estos pasos en el caso de los señalados actualmente? ¿Qué recursos le quedarán al miembro de la institución —que en esta etapa— sea separado del servicio?, es una pregunta a tener en cuenta. Percibo asimismo, al indagar el tema, que no se ha cumplido el procedimiento administrativo interno, sin perjuicio de la acción penal a instancia del Ministerio Público en los casos de la comisión de delitos, lo cual ha generado impunidad interna. También habrá que preguntarse de qué manera será la separación de los que se les haya comprobado irregularidades, obviamente lo primero es que no tienen que ser indemnizados, pues se considerará sin responsabilidad para el Estado y, segundo, los que sea necesario separar por necesidad y conveniencia de sociedad y Estado, por faltas acumuladas, reincidencia, negligencia o, finalmente, por no existir las condiciones en vista del reordenamiento estructural acelerado.
Para la alta oficialidad hoy no es el momento de descansar, por supuesto toda la ciudadanía debe de contribuir a lograr esa expectativa social, ellos solos no lo lograrán, se trata de un reto demasiado grande para dejárselo a ellos solos, por eso el nombramiento de una comisión sería de gran ayuda, integrada por diversos sectores de la sociedad, quienes, en mutuo esfuerzo, podrán proceder a evaluar a los miembros, su idoneidad o no para continuar en el servicio y dirimir, conforme a las leyes de la dialéctica reglamentaria, el embrollo de cada caso. Para esto es necesario que haya ideas contrarias a todo tipo de propuestas, desde las más lúcidas hasta las inexplicables, por desconocer el tema. Dejar a un país con un vacío de autoridad en las calles sería nefasto, el terreno fértil que por tanto tiempo han esperado muchos para desintegrar a un gobierno y sustituirlo por otro.
En esta lucha por adecentar a la institución, mal harían quienes no trabajan, los negligentes y, en el peor de los casos, los de actuaciones irregulares, pretender que el sistema debe cargar con ellos, con sus culpas y afrentas a la legalidad, lealtad, moral, solidaridad, espíritu de cuerpo y compañerismo, no es hoy cuando deben esperar beneficios, que se premien la violación de los principios y valores, al contrario, es en este momento cuando los buenos deben dar espacio para que la ley se cumpla, no hay mañana para escarmentar la ingratitud de quienes han manchado el uniforme, el honor de los buenos, capaces, voluntariosos y de carácter firme en el sagrado cumplimiento de su deber. No existirá otra época propicia, con tantas condiciones favorables, para darle más mérito a los sacrificados, a aquellos que ofrendan su vida, a quienes viven alejados de sus familias, con comprobantes de deudas en sus bolsillos, vacíos de dinero y su estómago pegado al espinazo, porque aunque no se crea, de esos abundan en la institución.
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martes, 15 de noviembre de 2011
