Por: Mario Berríos
Con el anuncio de un nuevo trancazo, el Gobierno apuesta, como maromero de las finanzas, a seguir sosteniendo un aparato de paracaidistas (llámense asesores y activistas políticos) más grande que las propias Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de paso minadas por la multiplicidad de funciones asignadas bajo su responsabilidad. Más allá, la dinámica aquella de constituir empresas, meterlas en la competencia dentro de las arcas y ponerles un negocio en las manos —para favorecer y favorecerse con sus socios—, es una desalmada realidad para un pueblo exánime en las finanzas personales, familiares y corporativas. Que el gobierno intente extraerle alrededor de 70 millones de lempiras anuales al pueblo, con un nuevo impuesto, esta vez por revisión de vehículos, es una crueldad, más cuando la pretensión es favorecer con casi 400 millones de lempiras —al año— a determinada empresa, lo cual equivale a extraerle la poca sangre que le queda a la sociedad para dársela a un robusto y saludable ciudadano de la capital.
El cuento ahora es bueno (y viejo, lo conozco al dedillo), controlar las emisiones de gases para reducir la contaminación del ambiente y desarrollar un Programa de Revisión Técnica en Honduras, a ejecutarse por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Vehicular, CNSV, dependiente del Ministerio de Seguridad, organismo que, históricamente, ha sido utilizado por muchos políticos para sacar recursos que finalmente no son utilizados en obras de orden social. La excusa para propinar el siguiente toletazo, es disminuir el número de accidentes de tráfico por el mal estado de los vehículos, argumento refutado por las estadísticas anuales de la Policía Nacional y otros organismos independientes. Las múltiples causas de los accidentes viales son otras: escasa educación de quien obtiene su licencia, falta de señalización en las ciudades y carreteras, conductores ingeridos de bebidas alcohólicas (o drogados), falta de iluminación en las vías, motoristas no atentos a las condiciones de tráfico del lugar y, principalmente, el mal estado de las carreteras.
Con este otro trancazo, el gobierno azul parece vivir en una burbuja, cree que el pueblo come bien, retoza del gusto y que tiene recursos hasta para tirar a la garduña. De concretarse este gravamen, deslegitimado desde ya por el rechazo de un pueblo sin voluntad para sostener un aparato burocrático, como el implantado por la insignia azul, se convertiría en otro desastre en la gestión, aparte de otros fracasos: en la política educativa, donde se ha reavivado la crisis; desilusión en el combate al crimen común y a las mafias organizadas; el chasco del inversionista extranjero y nacional debido a la inseguridad jurídica; la burla constante en la política cultural (donde aparte de respirar y cobrar no han hecho nada) y el repique y doble del Mandatario. Con esos escenarios y un gobierno sólo con la brújula de la imposición de impuestos, el sistema se encuentra en acelerado deterioro, con un apresurado decrecimiento económico.
Al sopesar la actual administración, nos damos cuenta que han realizado más viajes que obras, más fiestas y reuniones que medidas históricas, más brindis y despidos que contrataciones positivas, por lo demás, es notable la ausencia de un auténtico plan de desarrollo. Basando su accionar en pasarle la balanza al ciudadano, de mil y una formas, a todas luces el gobierno gasta más de lo que percibe, lo cual produce un serio desbalance en el aspecto económico, donde abunda la repartición de una riqueza que no hemos sembrado ni recolectado, menos producido. El alto número de desempleados, sumado a la crisis en el sector agropecuario, transporte, estudiantil, la incapacidad en cuanto a la ejecución de proyectos y el despilfarro en exhibiciones circenses, darán el tiro de gracia a una administración lerda, corrupta y cruel.
El productivo Valle de Sula, generador del setenta por ciento de los ingresos nacionales, comienza un dramático descenso en su producción de riqueza. En la actualidad lo único que ha crecido —realmente— es el hambre, la criminalidad, el desempleo, la inseguridad jurídica, el narcotráfico, la calidad del estudiantado (ahora muchos venden droga), el fantasma de la devaluación, el endeudamiento acelerado y el espectro del retiro de la inversión extranjera. Debido a los altos costos, en lo que va del año en San Pedro Sula han cerrado unas 5 mil unidades de producción de la Micro, Pequeñas y Mediana Industrias. El incremento acelerado en la energía ha golpeado fuertemente a estas empresas, al grado de desaparecerlas, y las ventas se han reducido entre un 25 a 35 por ciento.
De seguir el rumbo por el cual nos lleva la actual administración, antes de entregar el cetro habrá hundido al país en su más grande descalabro financiero hasta ahora conocido. ¿Cómo no?, si en el actual régimen pululan paracaidistas, burgueses políticos, quienes desconocen cómo producir dinero, sólo las diferentes formas de originarlo mediante la imposición de tazas y malgastarlo en viajes y francachelas, pero no cómo aprovecharlo para construir una nación económicamente fuerte o estable. Quien no es capaz de gobernar en situación normal, peor para que lo haga en tiempo de crisis prolongada, como en la actual.
viernes, 26 de agosto de 2011
