La difícil situación que padece Honduras ante la ola de criminalidad no es asunto de ahora. En 1932, el escritor y abogado olanchano, Adolfo Miralda, decía: “El Estado garantiza que en su nombre, ni será muerto nadie, ni será robado nadie. Pero no garantiza que los individuos asesinen y roben cuando les viene en gana”.
Escudriñando materiales del pasado, encontramos un artículo que escribimos en 2002 sobre la pena de muerte, recordando que poco después había sido consigna beligerante del actual Presidente de Honduras durante una campaña política que poco después perdió ante José Manuel Zelaya Rosales.
Dadas las condiciones extremas a que están llegando los tiempos en materia de seguridad nacional en países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, y ante los esfuerzos sobrehumanos que las autoridades emprenden para acabar con esta marejada delictiva, podría pensarse que implantar la pena capital podría ser una solución. Pero no, dicen algunos; otros creen que sí.
“En todos estos desenfrenos en el castigo, se cuenta con cierta aprobación del medio, pues queda justificado victimizar al victimario, surgiendo la arbitrariedad con algunos condenados a muerte”, comenta la psicóloga Alicia Acosta.
Otras opiniones se muestran escépticas en los resultados, observando cómo cada vez los asaltos, secuestros, asesinatos por encargo o disputa en el negocio de la droga, se incrementan en lugar de disminuir. Y todo queda en la impunidad, aunque habrá que reconocer que los cuerpos de seguridad se empeñan en combatir el flagelo, es más poderoso el crimen que avanza ya no solo en las principales urbes sino en las más remotas aldeas y caseríos, sustentado por una moderna logística.
Revisando las ediciones electrónicas de los periódicos hondureños, la semana pasada, en dos de los cuatro diarios, encontramos nueve titulares de sangrientos hechos en una sola fecha. El debate es, si debe aplicarse la más severa pena contra el delito, o debe ser consensuado para estar a tono con la rapidez que se ha puesto de moda en el Poder Legislativo para aprobar todo lo que sea innovación en la Constitución de la República.
No estamos sugiriendo ni somos partidarios de una medida tan radical, pero ya el pueblo está desesperado de tanta sangre corriendo por las calles y podría ponderar ese extremo en un referendo del futuro, si es que también considerado por los representantes de los derechos humanos que ahora dispone de dos oficinas; una reconocida internacionalmente, la otra gubernamentalmente protegida.
Hasta ahora nadie quiere echarse ese trompo a la una, ni el gobierno, ni los periodistas, ni los ciudadanos. Pero la crisis va de mal en peor, y como sustentaba el doctor Miralda -ilustre paisano de Zelaya y Lobo- hace 79 años, lo más práctico será que terminemos aceptando aquel dicho popular ante un inminente peligro: “¡Sálvese quien pueda!”.
jueves, 3 de marzo de 2011
