Según las Naciones Unidas: los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. En Honduras después de los sucesos del 28 de junio del 2009, los atropellos a los derechos humanos han crecido en una forma alarmante y no sólo eso; también creció la delincuencia, el irrespeto a las leyes, se deterioro la salud, la educación, la calidad de vida y el desempleo creció a cifras nunca antes vistas y hoy en día es un gran fantasma que nos asusta a todos. Un Estado que no garantiza a sus ciudadanos la seguridad alimenticia, cultural, política, económica, educacional y de salud, no tiene un verdadero Estado de Derecho. La remendada Constitución que tenemos dice en el artículo 59: que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, créase la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Sabemos muy bien por los sucesos del año anterior, que el sr., Ramón Custodio olvido de forma consciente el rol que debía desempeñar, ahora nadie cree en él ni siquiera su propia sombra. En lo personal estoy de acuerdo con el Presidente Lobo, en la creación de la figura del Comisionado Presidencial de los Derechos Humanos, pero ojala no solo sea un adorno burocrático o para hacerle creer a la comunidad internacional de qué, realmente le preocupan los derechos de las personas, los hondureños queremos ver a dicho Comisionado con una participación directa, activa y digna y que le de seguimiento a los casos que se presenten en su momento. Los derechos de las personas son pisoteados desde y antes de salir de su casa, de las siguientes formas: al pagar altas tarifas de la energía eléctrica; al ser maltratados verbalmente en el transporte público; al no haber medicinas en los hospitales; al no tener pupitres ni la aulas adecuadas para una educación de calidad; al ser alterados los precios de la canasta básica por empresarios inescrupulosos; al no tener una vivienda digna; al despedir a los empleados públicos cuando hay cambio de gobierno; al no haber carreteras buenas, situación que hace tortuoso y peligroso un viaje; al no aplicar correctamente las leyes; en fin la lista puede ser muy larga. Dice el artículo 61 de nuestra carta magna: que garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad. La verdad es que cada día hay más muertes violentas que nunca son esclarecidas y los órganos encargados de ello son deficientes en investigación y personal. No hay seguridad individual ni siquiera igualdad ante la ley. Parece que al gobierno no le interesa que haya una investigación profunda de los hechos. El artículo 111 constitucional dice: la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo protección del Estado. ¿Pero de qué manera el Estado protege la familia? No hay una institución seria ni dotada del suficiente presupuesto para combatir el alcoholismo y la drogadicción y para darle el golpe de gracia, se le quita una parte del presupuesto a la Secretaría de Cultura para dárselo a las Fuerzas Armadas, para qué queremos tantos fusiles, acaso no es más educación, inversión y generación de empleo lo que necesitamos. Otro problema es la paternidad irresponsable que crece a pasos agigantados, Honduras no crece económicamente al mismo ritmo que el crecimiento poblacional y esto deja a una parte de la población desprotegida. Luego el artículo 127 constitucional dice: que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. ¿Cuántas personas no tienen derecho a un empleo por motivos de la edad? Y entonces dónde esta el fin supremo que busca el Estado. En Honduras al cumplir los 35 años, parece que ya no se tiene derecho a vivir dignamente. ¿Y dónde quedan los hijos de esas personas? Acaso no tienen derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a la alimentación y a un techo digno. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la mala distribución de la riqueza, la cual esta acumulada en pocas manos en detrimento de muchos. Una nación sin justicia social difícilmente detendrá los atropellos constantes a los derechos humanos. En nuestro país, al parecer, casi nadie tiene garantizada la vida, sus bienes y los medios de subsistencia que cada vez se vuelven más difíciles de obtener. Por lo pronto, estos derechos siguen siendo una utopía, una palabra que está lejos y que nunca llega. Los funcionarios deben asomarse a la realidad para conocerla de frente.
Nain Serrano es estudiante de la carrera de Derecho(UNAH),Poeta y columnista de varios medios de el pais.
