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miércoles, 14 de abril de 2010
Del viejo sindicalismo a la comunidad empresarial
Fuente:Diario Tiempo
Por : Juan Ramon Martinez
La Constitución de 1957 es la primera que, al tiempo que reconoce el derecho sindical y a la huelga, plantea la urgencia de crear en el interior de las empresas verdaderas comunidades empresariales. Que tienen que estar preocupados por el bienestar de los trabajadores y por la satisfacción de la búsqueda de utilidades, legítimas por parte de los empresarios, que han invertido sus capitales, corriéndose los riesgos que corresponden a la actividad. Y para lo cual le define al gobierno una función mediadora. Que la asume como la conciliación del capital y el trabajo.
Tal visión es muy oportuna. Y se ve mejor cuando los sindicatos pierden la perspectiva y tratan de destruir a la empresa de la que realmente forman parte. Cuando esto ocurre, es decir cuando la empresa perece, agobiada por los excesos sindicales —que asumen diferente naturaleza según los casos— también muere el sindicato. Y se ven afectados en el largo plazo, todos sus miembros, los trabajadores. Ante tal riesgo el gobierno, como actor principal en el mantenimiento de la armonía laboral, está en la obligación de asegurar los objetivos de cada una de las dos partes: la ganancia mayor a las empresas y la participación proporcional de los sindicalistas en tales utilidades. Pero igualmente como ocurre en otras oportunidades, también el gobierno está en la obligación de defender la comunidad empresarial, cuando el sindicato especialmente, amenaza con destruirla con sus exigencias y reclamos deformantes.
Porque, en el fondo, de lo que se trata es de entender que las correas salen del mismo cuero. Y que, en la medida en que se pide y se pide, la acción de la comunidad laboral se aproxima peligrosamente al precipicio que, en este caso, está representado en la falta de competitividad en los mercados en donde concurre con sus productos. Especialmente si los incrementos de los costos generales no corresponde a iguales o mayores incrementos en la productividad. Los sindicalistas que piden y piden, dentro de una concepción de sindicalismo antiguo, que se consideraba enemigo de la empresa y cuya finalidad última era su destrucción, al final cuando se salen con la suya hacen el peor negocio de sus vidas.
En el distrito de Coyoles Central, en el municipio de Olanchito, hay un excelente ejemplo de lo que venimos diciendo. Los costos operativos, más los colaterales que resultan del ausentismo laboral, la falta de entusiasmo en la producción y el escaso ánimo para cuidar la comunidad laboral de que hace parte, se han disparado de tal manera que no hay forma de competir con una producción de cajas por hectárea que se ha mantenido estacionada por la sequedad del valle, la fatiga de las tierras y otros fenómenos naturales que no viene el caso mencionar.
Frente al fenómeno, los empresarios no tienen otra alternativa que el cierre de las operaciones que no le son rentables. Y para ello no tienen que pedirle permiso al gobierno. Más bien, es éste el que debe preveer este tipo de situaciones para que no se repitan los casos de la Minera El Mochito, o el de las empresas cerveceras y de refrescos, que para poder salir adelante con un sindicato que se mordía a sí mismo las rodillas, tuvieron que cancelar sus operaciones en Santa Bárbara y en Tegucigalpa.
El papel del gobierno no es el de jefe de la actividad económica. Tiene la responsabilidad de cuidar las relaciones entre el capital y el trabajo. Y para hacer esto posible, es indispensable que trabaje para que las partes existan y operen dentro de una nueva lógica. En que, en vez de competencia destructiva, como recomiendan algunos que se han quedado colgados de ideas de probada obsolescencia, lo que hay que buscar es cooperación dentro del concepto de comunidad laboral, en la que trabajadores y empresarios son socios en la búsqueda de objetivos comunes.
La responsabilidad empresarial, a la que muchos gerentes están dedicados en forma sana y ejemplar, debe ser acompañada de responsabilidad sindical, en la que la primera tarea debe ser la de garantizar no sólo la operación de su empresa, sino que facilitar con su imaginación, creatividad y competitividad creciente, su desarrollo y su influencia en los mercados que sirve. En el entendido que si la empresa triunfa, sus trabajadores ganan. Como también que, cuando ésta pierde y sus operaciones se vuelven poco rentables, como ocurre en Coyoles Central, los primeros que tienen que pagar las consecuencias son los trabajadores.
Por : Juan Ramon Martinez
La Constitución de 1957 es la primera que, al tiempo que reconoce el derecho sindical y a la huelga, plantea la urgencia de crear en el interior de las empresas verdaderas comunidades empresariales. Que tienen que estar preocupados por el bienestar de los trabajadores y por la satisfacción de la búsqueda de utilidades, legítimas por parte de los empresarios, que han invertido sus capitales, corriéndose los riesgos que corresponden a la actividad. Y para lo cual le define al gobierno una función mediadora. Que la asume como la conciliación del capital y el trabajo.
Tal visión es muy oportuna. Y se ve mejor cuando los sindicatos pierden la perspectiva y tratan de destruir a la empresa de la que realmente forman parte. Cuando esto ocurre, es decir cuando la empresa perece, agobiada por los excesos sindicales —que asumen diferente naturaleza según los casos— también muere el sindicato. Y se ven afectados en el largo plazo, todos sus miembros, los trabajadores. Ante tal riesgo el gobierno, como actor principal en el mantenimiento de la armonía laboral, está en la obligación de asegurar los objetivos de cada una de las dos partes: la ganancia mayor a las empresas y la participación proporcional de los sindicalistas en tales utilidades. Pero igualmente como ocurre en otras oportunidades, también el gobierno está en la obligación de defender la comunidad empresarial, cuando el sindicato especialmente, amenaza con destruirla con sus exigencias y reclamos deformantes.
Porque, en el fondo, de lo que se trata es de entender que las correas salen del mismo cuero. Y que, en la medida en que se pide y se pide, la acción de la comunidad laboral se aproxima peligrosamente al precipicio que, en este caso, está representado en la falta de competitividad en los mercados en donde concurre con sus productos. Especialmente si los incrementos de los costos generales no corresponde a iguales o mayores incrementos en la productividad. Los sindicalistas que piden y piden, dentro de una concepción de sindicalismo antiguo, que se consideraba enemigo de la empresa y cuya finalidad última era su destrucción, al final cuando se salen con la suya hacen el peor negocio de sus vidas.
En el distrito de Coyoles Central, en el municipio de Olanchito, hay un excelente ejemplo de lo que venimos diciendo. Los costos operativos, más los colaterales que resultan del ausentismo laboral, la falta de entusiasmo en la producción y el escaso ánimo para cuidar la comunidad laboral de que hace parte, se han disparado de tal manera que no hay forma de competir con una producción de cajas por hectárea que se ha mantenido estacionada por la sequedad del valle, la fatiga de las tierras y otros fenómenos naturales que no viene el caso mencionar.
Frente al fenómeno, los empresarios no tienen otra alternativa que el cierre de las operaciones que no le son rentables. Y para ello no tienen que pedirle permiso al gobierno. Más bien, es éste el que debe preveer este tipo de situaciones para que no se repitan los casos de la Minera El Mochito, o el de las empresas cerveceras y de refrescos, que para poder salir adelante con un sindicato que se mordía a sí mismo las rodillas, tuvieron que cancelar sus operaciones en Santa Bárbara y en Tegucigalpa.
El papel del gobierno no es el de jefe de la actividad económica. Tiene la responsabilidad de cuidar las relaciones entre el capital y el trabajo. Y para hacer esto posible, es indispensable que trabaje para que las partes existan y operen dentro de una nueva lógica. En que, en vez de competencia destructiva, como recomiendan algunos que se han quedado colgados de ideas de probada obsolescencia, lo que hay que buscar es cooperación dentro del concepto de comunidad laboral, en la que trabajadores y empresarios son socios en la búsqueda de objetivos comunes.
La responsabilidad empresarial, a la que muchos gerentes están dedicados en forma sana y ejemplar, debe ser acompañada de responsabilidad sindical, en la que la primera tarea debe ser la de garantizar no sólo la operación de su empresa, sino que facilitar con su imaginación, creatividad y competitividad creciente, su desarrollo y su influencia en los mercados que sirve. En el entendido que si la empresa triunfa, sus trabajadores ganan. Como también que, cuando ésta pierde y sus operaciones se vuelven poco rentables, como ocurre en Coyoles Central, los primeros que tienen que pagar las consecuencias son los trabajadores.
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2010-04-14T20:16:00-06:00
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